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Ciudad de México, 5 de enero de 1999. Por unanimidad —con 417 votos—, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Decreto por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 4o constitucional, para establecer el derecho a un medio ambiente adecuado para el bienestar y desarrollo de la población, y se reforma el párrafo primero del artículo 25 del mismo ordenamiento, a efecto de incluir el término “sustentable” en relación con la rectoría del desarrollo nacional.

En el dictamen, las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Ecología y Medio Ambiente, consideraron que es impostergable una reforma a la Carta Magna que permita prever el derecho al medio ambiente adecuado, lo cual dará sustento claro e incuestionable para su propia reglamentación.

En la discusión del tema, se dijo que con estas medidas se busca evitar las consecuencias de la tala o quema inmoderada de selvas, el comercio de especies raras amenazadas y en peligro de extinción, la sobre explotación de los recursos, así como la contaminación atmosférica derivada del consumo de combustibles fósiles (petróleo), generadores de energía que amenazan gravemente la estabilidad de los ecosistemas...

¿Qué relación encuentras entre esta noticia y los problemas revisados en algunas actividades de esta unidad?

	Que todos tenemos derecho a un medio ambiente limpio.
	Que las autoridades están trabajando para evitar dañar aún más al medio ambiente, evitando talas y quemas y protegiendo especies en peligro de extinción.
	Que es importante tomar medidas para prevenir la contaminación.

¿Qué les pedirías a las autoridades para que tomen en cuenta en la elaboración de leyes de protección al medio ambiente?

	Recursos económicos para comprar palas, carretillas y escobas, para limpiar mi comunidad.
	Que hagan a un lado diferencias partidistas y piensen en el bien de todo el país, sin importar qué partido gobierna en cada región.
	Que analicen a fondo el problema de la contaminación y los daños que provoca en todos los seres vivos, y emitan leyes de protección al ambiente en un marco de justicia social y equidad.
	Que tomen en cuenta la opinión de sus representados, para que sepan cuáles son los problemas que aquejan a las comunidades, y los inviten a participar en los proyectos de ley para fin.